Nota editorial: este artículo repasa cinco muertes ocurridas entre 2017 y 2018 en Venezuela y su trámite judicial. Las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las afirmaciones de familias, peticionarios y peritos, y las versiones de funcionarios se presentan atribuidas a quien las sostiene, no como sentencias. Los casos de Albán y El Junquito están pendientes ante la Corte Interamericana, y toda persona mencionada se presume inocente mientras no haya condena firme. No incluimos detalles gráficos por respeto a las víctimas y a sus familias.
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Resumen rápido
- Qué repasamos: las muertes de Fernando Albán, Juan Pablo Pernalete, Rafael Acosta Arévalo, Neomar Lander y los siete muertos de El Junquito, en cuenta regresiva.
- El patrón: en los tres primeros casos, el Estado venezolano terminó corrigiendo su versión inicial o reconociendo que sus agentes debían rendir cuentas. En los dos últimos no hay ese reconocimiento.
- Lo que no se dijo: el primero de mayo de 2021, el entonces fiscal general Tarek William Saab informó a la Corte Penal Internacional de imputaciones por estas muertes. Las familias siguen preguntando quién dio la orden: casi siempre pagaron custodios, sargentos y guardias.
- Contexto de 2026: según el guion del vídeo, desde el 3 de enero de 2026 Nicolás Maduro está bajo custodia de Estados Unidos, Delcy Rodríguez gobierna como presidenta encargada y hay un nuevo fiscal general, Larry Devoe.
- Lo pendiente: la Corte Interamericana aún no ha dictado sentencia en los casos Albán y El Junquito.
Caso 1: Fernando Albán, «se lanzó desde el décimo piso»
El 5 de octubre de 2018, el concejal Fernando Albán, de 56 años y dirigente de Primero Justicia, fue detenido al llegar al aeropuerto de Maiquetía, según la parte denunciante ante la Comisión Interamericana. Durante horas, entre 20 y 48 según las fuentes, nadie informó a su familia dónde estaba. Su abogado explicó que los cargos se relacionaban con el atentado con drones contra Nicolás Maduro de agosto de ese año.
El 8 de octubre murió en la sede del SEBIN en Caracas. Ese mismo día, el fiscal Saab habló de suicidio: dijo que Albán pidió ir al baño y se lanzó desde el piso diez. El ministro del Interior, Néstor Reverol, aseguró en cambio que se arrojó por la ventana de una sala de espera. Dos relatos distintos para un mismo hecho.
La misión de determinación de hechos de la ONU concluyó en 2020 que había motivos razonables para creer que Albán fue detenido arbitrariamente y murió bajo custodia con probable participación de funcionarios, y expresó fuertes reservas sobre la tesis del suicidio. La Fiscalía acusó en 2019 a dos funcionarios por incumplir sus deberes de custodia; esa acusación fue anulada en octubre de 2020.
El 1 de mayo de 2021, Saab pidió una nueva investigación contra los dos custodios por homicidio culposo y sostuvo que Albán no se suicidó. En diciembre de 2021 fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión; según Acceso a la Justicia, una corte de apelaciones redujo la pena en 2022 a dos años y ocho meses (dato de una sola fuente). La familia reclamó que se investigara desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial y la cadena de mando.
En agosto de 2026, la Comisión Interamericana llevó el caso a la Corte. Su conclusión, que no es una sentencia, es que hubo detención arbitraria, desaparición forzada de corta duración, tortura y ejecución extrajudicial bajo custodia estatal. La Corte aún no ha resuelto.
Caso 2: Juan Pablo Pernalete, una bomba lacrimógena en el pecho
El 26 de abril de 2017, durante una marcha en Altamira (Chacao), el estudiante Juan Pablo Pernalete, de 20 años, recibió un impacto en el pecho y llegó sin signos vitales a la clínica Salud Chacao. Voces oficiales y medios cercanos al gobierno sostuvieron que lo mató una pistola de perno cautivo disparada por otros manifestantes.
El 24 de mayo de 2017, la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció que el Ministerio Público concluyó que murió por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Un panel de expertos de la OEA (2018) y la misión de la ONU (2020) también documentaron el caso.
El 1 de mayo de 2021, Saab anunció la imputación de doce guardias nacionales por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva, una figura aplicable cuando no se determina quién ejecutó el acto. Provea sostuvo que esa calificación buscaba la impunidad. En las fuentes revisadas no aparece una condena firme. En abril de 2026, sus padres pidieron al nuevo fiscal general, Larry Devoe, que se reabra el caso.
Caso 3: Rafael Acosta Arévalo, la silla de ruedas
El capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio de 2019 por agentes de la DGCIM y el SEBIN. El 28 de junio llegó en silla de ruedas a un tribunal militar; según la agencia AP, con señales de tortura. El juez ordenó trasladarlo al Hospital Militar, donde murió esa noche. Tres altos funcionarios dieron tres versiones distintas sobre cómo murió.
Michelle Bachelet, entonces alta comisionada de la ONU, pidió una investigación independiente. Según Efecto Cocuyo, dos militares admitieron los hechos y recibieron seis años y ocho meses; en octubre de 2020 el Tribunal Supremo ordenó una nueva investigación, y en mayo de 2021 Saab afirmó que estaban imputados por homicidio intencional calificado y tortura. Según su abogado, Alonso Medina (citado por El Diario de Caracas), en febrero de 2022 fueron condenados a 30 años cada uno. Es una sola fuente. La cadena de mando sigue sin investigarse.
Caso 4: Neomar Lander y el «explosivo casero»
El 7 de junio de 2017, el adolescente Neomar Lander, de 17 años, recibió un impacto en el tórax durante una marcha en Caracas y llegó sin signos vitales a la clínica El Ávila. El entonces ministro Néstor Reverol dijo que murió por la mala manipulación de un explosivo casero. Su madre, Zugeimar Armas, rechazó esa versión.
Según un resumen de El Diario de junio de 2026, pericias audiovisuales, informes de la Fiscalía durante la gestión de Ortega Díaz y auditorías de la organización Justicia, Encuentro y Perdón sostienen que murió por una bomba lacrimógena disparada a corta distancia por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Es la tesis de esas fuentes; ningún tribunal venezolano la ha convertido en sentencia. El caso sigue en investigación, sin condenados, y no figuraba entre los mencionados ante la Corte Penal Internacional.
Caso 5: siete muertos en El Junquito
El 15 de enero de 2018, una operación de seguridad rodeó una vivienda en El Junquito donde estaba Óscar Pérez, exfuncionario del CICPC alzado contra el gobierno, junto a seis personas más. Los siete murieron. Foro Penal y el Centro Kennedy, que litigan el caso, sostienen que unos 500 efectivos irrumpieron, que las víctimas se habían rendido y que hubo destrucción de la escena. Son alegatos de los peticionarios, no hallazgos de un tribunal.
En octubre de 2023, la Comisión Interamericana envió el caso a la Corte, con la conclusión de que el Estado ejecutó extrajudicialmente a siete personas ya neutralizadas. El 17 de junio de 2026 se celebró la audiencia pública en San José de Costa Rica. No hay condenados en Venezuela, y en las crónicas consultadas no aparece la posición actual del Estado.
Lo que dejan los cinco casos
Saab habló de 153 condenas por violaciones de derechos humanos; las familias hablan de impunidad. Según la misión de la ONU, la Ley de Amnistía de febrero de 2026 no reconoce la responsabilidad del Estado ni prevé verdad o reparación, y las instituciones que facilitaron la represión no han sido reformadas. Maduro enfrentará un juicio en junio de 2027 por narcotráfico, no por estas muertes.
Preguntas frecuentes
¿Qué admitió el Estado venezolano?
En los casos Albán, Pernalete y Acosta Arévalo, la versión inicial se corrigió y hubo imputaciones o condenas de funcionarios. En Neomar Lander y El Junquito no hay reconocimiento oficial.
¿Hay condenas?
Dos custodios por culpa en el caso Albán (con pena reducida según una fuente) y, según su abogado, dos militares a 30 años en el caso Acosta Arévalo. En Pernalete no aparece condena firme; en Lander y El Junquito no hay condenados.
¿Qué puede decidir la Corte Interamericana?
No condena personas a prisión: determina si el Estado es responsable ante el derecho internacional y qué debe reparar. Los responsables individuales tendrían que ser juzgados en Venezuela.
¿Quién dio la orden?
Es la pregunta sin respuesta: en ningún caso la cadena de mando aparece en un expediente público.
Fuentes
Este artículo resume la investigación del vídeo, basada en estas fuentes, que citamos tal como las presentaron:
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana, casos Albán y El Junquito, corteidh.or.cr
- Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, informes de 2020 y 2026
- Panel de expertos independientes de la OEA sobre Venezuela (2018), oas.org
- Human Rights Watch, hrw.org
- Acceso a la Justicia, Provea, Foro Penal, Alfavic y Justicia, Encuentro y Perdón
- Reportajes de AP, NTN24, El Diario, Efecto Cocuyo y La Patilla