Nota editorial: este artículo reconstruye una masacre ocurrida en 2010 y procesos judiciales que siguen abiertos en varios aspectos. Las personas mencionadas que no han sido condenadas se presumen inocentes, y las declaraciones de acusados se presentan como tales, no como hechos probados. Donde las fuentes se contradicen, lo decimos. No incluimos detalles gráficos por respeto a las víctimas y a sus familias.
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Resumen rápido
- Qué pasó: en agosto de 2010, 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres) fueron ejecutados en un rancho del ejido El Huizachal, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas (México).
- Quiénes eran: personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasil y la India. De las 63 identificadas hasta hoy, 26 eran hondureñas y 13 guatemaltecas. Nueve siguen sin nombre.
- Quién dio la alarma: un joven ecuatoriano de 18 años, herido en el cuello, caminó hasta un puesto de la Marina. Después se confirmaron otros dos sobrevivientes, según las fuentes citadas más abajo.
- Quién fue señalado: Los Zetas, desde el primer momento. Hay condenas contra integrantes de esa organización, pero la Fundación para la Justicia sostiene que ninguna es una condena individualizada por el secuestro y asesinato de las 72 personas.
- Móvil: no hay una explicación única y probada. La versión oficial (rechazo a trabajar para Los Zetas) convive con otras hipótesis.
- Lo que falla: la CNDH documentó graves errores del Estado en la preservación de la escena, el manejo de los cuerpos y la identificación de las víctimas.
El contexto: la ruta migratoria más peligrosa del continente
Cada año, cientos de miles de personas sin papeles cruzan México rumbo a Estados Unidos. El diario italiano Avvenire habló en 2020 de alrededor de medio millón. En 2010 esa ruta ya tenía fama de ser una de las más peligrosas del mundo.
Amnistía Internacional lo advirtió meses antes de la masacre, en su informe de abril de 2010, «Víctimas invisibles»: los secuestros de migrantes, casi siempre para cobrar rescate, habían alcanzado un máximo histórico en 2009. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) había documentado casi diez mil en solo seis meses, y casi la mitad de las víctimas entrevistadas por Amnistía aseguró que funcionarios públicos habían participado en su secuestro. El gobierno federal respondió que algunas cifras no eran confiables.
San Fernando es un municipio de unos 30.000 habitantes a poco más de cien kilómetros de la frontera con Texas, atravesado por la carretera federal 101. Para quien viaja desde Veracruz hacia Reynosa o Matamoros, ese tramo es casi obligatorio. En 2010 era territorio de Los Zetas, que habían nacido a fines de los años noventa como brazo armado del Cartel del Golfo. Según el análisis de InSight Crime, basado en documentos del gobierno estadounidense, esa alianza se rompió de forma violenta en enero de 2010 y Tamaulipas se convirtió en el campo de una guerra entre dos organizaciones que antes eran una sola.
Las víctimas: personas trabajadoras, no delincuentes
Las fuentes oficiales hablan de 58 hombres y 14 mujeres. Cruz Alonso Ortiz, padre de una de las víctimas, dijo en el aniversario número quince que eran personas trabajadoras. Muchos habían pagado a un coyote lo que para una familia centroamericana equivale a años de trabajo.
Entre las identificadas están Glenda Yaneira Medrano Solórzano (El Salvador), Marvin Leodán Euceda Aguilar y Wilmer Gerardo Núñez Posadas (Honduras) y Juliard Aires Fernandes, un joven brasileño de 20 años. De las 63 víctimas identificadas, 26 eran hondureñas, 14 salvadoreñas, 13 guatemaltecas, 5 ecuatorianas, 4 brasileñas y 1 de la India.
La noche del 22 de agosto de 2010: versiones que no coinciden
Las versiones sobre cómo fueron interceptados no coinciden. Un cable del consulado de Estados Unidos en Matamoros, citado por InSight Crime, habla de 75 migrantes en tres camionetas. La organización «A dónde van los desaparecidos» menciona dos autobuses con 77 personas. AP, en 2011, habló de dos camiones de carga, y una nota de la Guardia Nacional de 2022 menciona 74 secuestrados.
El cuadro general que sí es coherente, según el relato del sobreviviente recogido por la prensa: hacia las diez de la noche, varios vehículos rodearon el transporte en que viajaba. Eran unos ocho hombres armados que se identificaron como Zetas y pasaron a los migrantes a otras camionetas. Los llevaron a un rancho en el ejido El Huizachal, a unos treinta minutos de la cabecera municipal.
Según el joven ecuatoriano, les pidieron dinero y después les propusieron trabajar para Los Zetas: a los hombres, como pistoleros, y a las mujeres, como empleadas domésticas, a cambio de 500 dólares semanales (otras versiones hablan de 1.000 dólares cada quince días). El propio consulado estadounidense anotó que el salario parecía excesivamente generoso. Según el sobreviviente, los migrantes se negaron y entonces fueron asesinados. No vamos a describir más: lo ocurrido en esos minutos no aporta nada que la dignidad de las víctimas no nos obligue a respetar.
El sobreviviente que caminó hasta el puesto militar
Luis Freddy Lala Pomavilla, ecuatoriano de 18 años (el cable estadounidense dice 19), había salido de los Andes unos dos meses antes. Según AP, había pagado 15.000 dólares a un contrabandista de personas (otras fuentes hablan de 11.000). Su esposa, María Angélica, tenía 17 años y estaba embarazada.
Recibió un disparo en el cuello; según AP, la bala le salió por la mandíbula. Se hizo el muerto y, cuando el lugar quedó en silencio, empezó a caminar. La distancia varía según la fuente (Avvenire habla de unos 22 kilómetros). Llegó de madrugada, el 23 de agosto, a un puesto de la Marina en la carretera y avisó de lo ocurrido.
No fue el único sobreviviente. El 1 de septiembre las autoridades confirmaron un segundo, hondureño, y según AFP el presidente salvadoreño Mauricio Funes anunció un tercero, salvadoreño, que ya estaba en Estados Unidos y colaboraba con la investigación. Eso contradice la frase del «único sobreviviente» que muchos medios repitieron durante años. La Fundación para la Justicia ha señalado además contradicciones entre los testimonios y dudas sobre la fecha exacta de los hechos, aunque las fuentes públicas no detallan cuáles.
La demora de las autoridades y los dos investigadores desaparecidos
Según el cable del consulado en Matamoros, las autoridades solo llegaron al rancho a las seis de la tarde del 24 de agosto, unas 36 horas después de que el sobreviviente llegara al puesto militar, pese a que el rancho quedaba a pocos kilómetros. El cable no da explicación. Otra reconstrucción publicada, que no pudimos confirmar en una fuente oficial, afirma que los militares sí acudieron el mismo día y que hubo un enfrentamiento en el que habrían muerto un marino y tres pistoleros. Ninguna autoridad ha explicado públicamente ese intervalo.
El 24 de agosto la Marina encontró en una bodega del rancho 72 cuerpos. El presidente Felipe Calderón responsabilizó a Los Zetas, y la prensa internacional describió el caso como la mayor masacre atribuida al narcotráfico desde que Calderón lanzó su ofensiva contra los cárteles a fines de 2006.
Entre el 24 y el 25 de agosto desaparecieron dos de los hombres asignados a la investigación: Roberto Jaime Suárez Vázquez, agente del Ministerio Público de Tamaulipas, y Juan Carlos Suárez Sánchez, descrito por AFP y El Universal como jefe de la policía de San Fernando (otros medios lo describieron como investigador local). A comienzos de septiembre aparecieron en Méndez dos cuerpos con credenciales a esos nombres. Las autoridades dijeron que se hacían pruebas de ADN, y la hipótesis atribuida a fuentes oficiales era que se buscaba frenar la investigación. Es una hipótesis, no una conclusión judicial. La Procuraduría General de la República (PGR) asumió el caso.
Cuerpos mal manejados y errores de identificación
Según la CNDH, los cuerpos permanecieron apilados al aire libre unos dos días. Después fueron llevados a la base naval de San Fernando y, según «A dónde van los desaparecidos», algunos quedaron en el suelo de una funeraria por falta de espacio, mientras otros viajaron a la Ciudad de México en un camión sin refrigeración.
El 23 de diciembre de 2013 la CNDH emitió la Recomendación 80/2013, resumida por AP: el Estado no preservó la escena y las pruebas se recogieron de forma «precipitada, sin metodología y deficiente». Antes de mover los cuerpos nadie registró su posición, ropa o lesiones visibles, y algunas autopsias se hicieron más de 48 horas después. Un cuerpo enviado a Honduras era en realidad de un ciudadano brasileño y, para 2013, doce víctimas seguían sin identificar en una fosa común. La CNDH responsabilizó a por lo menos diez servidores públicos; sus recomendaciones no son vinculantes.
Según la Fundación para la Justicia, desde octubre de 2010 se repatriaron cuerpos sin explicar a las familias cómo se llegó a las identificaciones, sin entregar documentación y sin permitirles ver los restos. Algunas se hicieron con una sola muestra genética; otras, sin ninguna. Tres casos que recoge «A dónde van los desaparecidos»:
- Juliard Aires Fernandes: su familia recibió en octubre de 2010 un ataúd con una bolsa cuyo contenido parecía arcilla. La duda duró más de una década, hasta que la Comisión Forense confirmó la identificación tras exhumar el cuerpo en Brasil.
- Wilmer Gerardo Núñez Posadas: identificado por las credenciales de su mochila, pasó ocho años en la fosa común del Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México. Su madre, Haidé Posadas, lo recibió trece meses después del primer resultado de la Comisión Forense.
- Marvin Leodán Euceda Aguilar: fue el primer resultado de la Comisión Forense, en septiembre de 2017, cuando su cuerpo se entregó en Comayagua, Honduras. Habían pasado siete años.
La Comisión Forense nació en agosto de 2013 como un mecanismo mixto de organizaciones civiles de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Fiscalía. Hoy nueve víctimas siguen sin nombre (ocho hombres y una mujer). El 21 de agosto de 2025, según la Fundación para la Justicia, ocho de ellas fueron inhumadas en la fosa común de Dolores; la organización dice que todavía podrían identificarse, y en siete casos los familiares dudan de los restos que recibieron.
¿Por qué los mataron? Las hipótesis
Ninguna sentencia ha fijado un único motivo. Estas son las hipótesis que aparecen en las fuentes:
- Reclutamiento forzado (versión oficial). Según el gobierno de Calderón y la PGR, Los Zetas ofrecieron trabajo, los migrantes se negaron y los mataron. La Fiscalía General de la República (FGR) la repitió en enero de 2025. El análisis de InSight Crime, escrito por Steven Dudley, la considera difícil de creer.
- Rescate. El sobreviviente dijo que les pidieron dinero, pero el cable estadounidense señala que nunca se pidió rescate a las familias.
- Sospecha de que eran enviados del Cartel del Golfo. Surge de declaraciones de acusados atribuidas por las autoridades, como las de Édgar Huerta Montiel, alias «El Wache», detenido en 2011. Son declaraciones, no una sentencia. En agosto de 2024 la Fiscalía dijo que esta es su hipótesis principal, e InSight Crime la considera la más convincente.
- Impuesto impago. Según el reportaje de un coyote publicado por El Faro, un castigo porque su grupo no había pagado la cuota a Los Zetas. Es una sola fuente.
- Golpear económicamente al Cartel del Golfo, según un cable con partes tachadas, algo que InSight Crime dice que no encaja con el comportamiento habitual de Los Zetas.
- Un vacío, no una causa: las organizaciones de derechos humanos señalan que no se ha investigado la posible complicidad de autoridades ni el papel de las empresas de autobuses.
Los documentos estadounidenses señalan además detalles atípicos para Los Zetas: no se pidió rescate, no había señales de violencia sexual entre las mujeres, ninguna víctima era mexicana y la forma de ejecución difería de la de matanzas posteriores. Un punto une todas las hipótesis: las víctimas no eran rivales de nadie. Las pertenencias de las víctimas, equipaje y documentos, nunca aparecieron.
Las matanzas que siguieron
En marzo de 2011 empezaron a llegar a las terminales de Reynosa y Matamoros maletas sin reclamar de pasajeros de autobuses desaparecidos al pasar por San Fernando. El 6 de abril aparecieron ocho fosas clandestinas con 59 cuerpos. La cifra oficial llegó a 193 cuerpos en más de cuarenta fosas (otras fuentes hablan de 195 o 196); muchas víctimas habían sido bajadas de autobuses comerciales y la mayoría eran mexicanas. Según cables de abril de 2011, funcionarios mexicanos dijeron que los cuerpos se separaban para que el total fuera menos alarmante; son declaraciones atribuidas a funcionarios en documentos de Estados Unidos.
También en abril de 2011 la procuradora Marisela Morales anunció la detención de 16 policías municipales de San Fernando (otras fuentes hablan de 17), acusados de proteger a Los Zetas. Según «A dónde van los desaparecidos», tras un año preso fueron liberados sin cargos. Un memorando de la PGR de diciembre de 2014, obtenido por el National Security Archive, afirmó que policías municipales actuaron como «halcones» y recibían pagos de Los Zetas, pero se basa en declaraciones de acusados y no identifica a ningún policía. Ninguno ha sido condenado, según las fuentes consultadas.
Quince años después: condenas e impunidad
La Fiscalía General de la República ha informado de varias condenas. La Fundación para la Justicia, que acompaña a las familias de doce víctimas, dice que ninguna es una condena individualizada por el secuestro y asesinato de las 72 personas. Según qué se cuente, ambas cosas pueden ser ciertas.
- 2021: las dos primeras sentencias fueron, según la Fundación, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y por delincuencia organizada y portación de armas, no por la muerte de los migrantes.
- 3 de mayo de 2022: según Zeta Tijuana citando a la FGR, un juez federal sentenció a 18 integrantes de Los Zetas, con penas de entre 13 y 58 años.
- 21 de agosto de 2024: el juez Faustino Gutiérrez Pérez, en Matamoros, condenó a once integrantes a 50 años de prisión cada uno por homicidio calificado. La FGR habló de 122 víctimas (los 72 migrantes más unas cincuenta personas halladas en fosas del mismo municipio). Entre los condenados estaban Salvador Alfonso Martínez Escobedo, «La Ardilla», a quien la FGR atribuye haber ordenado la masacre, y Martín Omar Estrada Luna, «El Kilo».
- 7 de enero de 2025: según la FGR, tres hombres fueron condenados por delincuencia organizada, secuestro agravado y corrupción de menores: «El Kilo» (73 años y 3 meses), Román Ricardo Palomo Rincones, «El Coyote» (82 años y 9 meses) y Juvenal Burciaga Venegas, «El Alacrán» (76 años y 9 meses).
Proceso habló en 2025 de al menos catorce personas con sentencia firme. No pudimos conciliar esa cifra con las de la Fiscalía, por eso no damos una cifra única. Tampoco hallamos la situación judicial actual de «El Wache». En 2022 la Guardia Nacional capturó en Matamoros a Alejandro «N», acusado de participar en el homicidio; es una acusación y es inocente mientras no se pruebe lo contrario.
Sobre los mandos más altos: Heriberto Lazcano fue señalado por detenidos como quien ordenó las muertes, pero no hay sentencia que lo establezca. Miguel Ángel Treviño Morales, «Z-40», no ha sido acusado por estos homicidios, según «A dónde van los desaparecidos», y fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 junto con su hermano Omar para enfrentar cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas. La Fundación advierte que esas extradiciones debilitan el acceso a la justicia en México.
Las familias tampoco lo han tenido fácil. El 20 de junio de 2017, tras un fallo de la Suprema Corte, la CNDH reconoció formalmente la masacre como violación grave de derechos humanos, y solo en 2019 pudieron acceder al expediente. Sobre las reparaciones hay dos relatos: La Jornada informó en agosto de 2025, citando a la Fundación, que no habían recibido reparación, mientras Eduardo Rojas dijo después, según otro medio, que durante los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum hubo compensaciones por recomendación de la CNDH, no por sentencias judiciales.
Las matanzas continuaron: 49 torsos en Cadereyta (Nuevo León) en mayo de 2012, Güémez (Tamaulipas) en 2014 y Camargo en enero de 2021, donde murieron diecinueve personas, entre ellas dieciséis migrantes guatemaltecos, según las reconstrucciones consultadas.
Lo confirmado y lo que sigue sin respuesta
Está establecido: 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres de seis países, fueron ejecutadas en un rancho de Tamaulipas en agosto de 2010; Los Zetas fueron señalados desde el principio y hay hombres condenados a decenas de años por delitos vinculados a esos hechos; un joven ecuatoriano de 18 años sobrevivió y llevó a la Marina hasta el lugar; y la CNDH documentó fallas del Estado mexicano al preservar la escena, manejar los cuerpos e identificar a las víctimas.
No está establecido: un motivo único y probado; por qué las autoridades tardaron en llegar; dónde fueron a parar las maletas y documentos de las víctimas; si la participación de policías municipales fue la que dicen las declaraciones de los acusados; y quién respondió por encima de los condenados. Según la Fundación para la Justicia, nadie ha investigado a fondo si hubo funcionarios involucrados, el papel de las empresas de autobuses ni a los jefes que estaban por encima de quienes fueron condenados. Nueve víctimas siguen sin nombre.
La pregunta incómoda
Cuando una masacre de 72 personas ocurre a la vista de todos y, quince años después, todavía hay familias que no saben quién dio la orden ni por qué, ¿quién responde? ¿Condenar a los ejecutores es suficiente justicia, o la responsabilidad llega más arriba? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.
Preguntas frecuentes
¿Qué fue la masacre de San Fernando?
El asesinato de 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres) en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. Las autoridades y la prensa internacional atribuyeron el crimen a Los Zetas.
¿Cuántos sobrevivientes hubo?
El más conocido es un joven ecuatoriano de 18 años, pero las autoridades confirmaron un segundo sobreviviente hondureño y, según AFP, el presidente de El Salvador anunció un tercero, salvadoreño. La idea del «único sobreviviente» es inexacta.
¿Por qué mataron a los migrantes?
No hay una explicación única probada. La versión oficial habla de reclutamiento forzado; la hipótesis principal de la Fiscalía desde 2024 es que Los Zetas creían que eran enviados de un cártel rival. Otras hipótesis incluyen un impuesto impago.
¿Quién fue condenado?
Hay condenas contra integrantes de Los Zetas dictadas en 2022, 2024 y 2025, según la FGR, entre ellos «La Ardilla» y «El Kilo». Las cifras varían según la fuente, y la Fundación para la Justicia sostiene que ninguna condena es individualizada por las 72 muertes.
¿Se identificó a todas las víctimas?
No. De las 72, 63 están identificadas y nueve siguen sin nombre, ocho hombres y una mujer.
¿Qué dijo la CNDH?
En la Recomendación 80/2013 concluyó que el Estado no preservó la escena, manejó mal los cuerpos y cometió errores de identificación. Responsabilizó a por lo menos diez servidores públicos; sus recomendaciones no son vinculantes.
Fuentes
Este artículo resume la investigación del video, basada en estas fuentes, que citamos tal como las presentaron:
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Recomendación 80/2013, cndh.org.mx
- Fiscalía General de la República (FGR), comunicados sobre las condenas de 2022, 2024 y 2025
- Amnistía Internacional, informe «Víctimas invisibles» (abril de 2010), amnesty.org
- National Security Archive, cables y memorando de la PGR, nsarchive.gwu.edu
- InSight Crime, análisis de Steven Dudley, insightcrime.org
- Fundación para la Justicia y «A dónde van los desaparecidos», adondevanlosdesaparecidos.org
- Reportajes de AP, AFP, El Faro, Proceso, La Jornada, El Universal, Avvenire y Zeta Tijuana